Document Type

Article

Publication Date

2012

Abstract

En este trabajo analizaré las implicancias constitucionales de la criminalización de la provisión y el consumo de drogas. Trataré tales cuestiones desde la perspectiva de los distintos derechos que podrían hallarse en juego, en especial el derecho a la autonomía, y me detendré en Arriola[1], una decisión de 2009 de la Corte Suprema argentina que, por una combinación de argumentos, estableció que la criminalización de la tenencia de drogas para consumo personal resulta inconstitucional.

[1] Corte Suprema, 25 de agosto de 2009.

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Artículo presentado al SELA 2012 en México, D.F., como parte de la sesión sobre “El liberalismo y los límites de la regulación estatal”.

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