Authors

Paola Bergallo

Document Type

Article

Publication Date

2005

Abstract

A partir de la reforma constitucional de 1994, un conjunto de abogados, defensores públicos y organizaciones de la sociedad civil han recurrido a los tribunales en búsqueda de nuevos espacios de participación en la persecución de cambios sociales. Para ello, han promovido de forma creciente el litigio de derecho público,[1] definido como el reclamo judicial en la forma de acciones individuales o colectivas que buscan la transformación estructural de instituciones del Estado en pos del respeto de derechos y valores democráticos consagrados en la Constitución.

[1] En Argentina es usual referirse a esta nueva estrategia como litigio de “derecho de interés público.” En este trabajo, sin embargo, he preferido utilizar la expresión “litigio de derecho público” para acotar la discusión a la variante del litigio de impacto frente a instituciones de la administración pública con las características descriptas en el clásico trabajo de Abram Chayes, “The Role of the Judge in Public Law Litigation,” 89 Harvard Law Review 1281 (1976). La definición y el alcance de la práctica de litigio de interés público han sido objeto de varias discusiones prácticas y teóricas. Véase por ejemplo, Volúmenes 7, 8, y 9 de los Cuadernos de Análisis Jurídico de la Universidad Diego Portales (1998, 1999, 2000); Martín Bohmer, “Sobre la Inexistencia del Derecho de Interés Público en la Argentina,” Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, V. 3:1 (1997); Mary McClymont & Stephen Golub (ed.), Many Roads to Justice, The Ford Foundation, 2000; o Mark Ungar, Elusive Reform: Democracy and the Rule of Law in Latin America, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2002. Sobre la producción más reciente, véanse las publicaciones en Conecta Sur, disponibles en http://www.conectasur.org/es/item3a.php.

Comments

Paper delivered at the panel on “The Lawyer’s Role,” at SELA 2005, Law & Poverty, held in Rio de Janeiro.

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