Document Type

Article

Publication Date

2010

Abstract

Las protecciones constitucionales frente al poder punitivo estatal son necesarias.[1] Defenderlas puede ser impopular. También controversial: como sucede en otros temas, su contenido no siempre queda definido al detalle por la Constitución, y por ende los órganos democráticos podrían reivindicar para sí esta función. La Corte Suprema argentina ha adoptado en los últimos años una interpretación relativamente generosa de ellas. La cuestión central es si esto debe ser motivo directo de celebración, o es en cambio un buen resultado al que se llega de la peor manera.

[1] En este ensayo no me ocupo en ofrecer una conceptualización de estas protecciones, aunque más adelante brindo ejemplos de ellas. Me refiero, entre otras cuestiones, a las facultades de la policía en la detección e investigación de delitos; a las condiciones para arrestar personas y detenerlas durante el proceso; a las exigencias sobre obtención de pruebas y validez de la evidencia recogida irregularmente; al derecho a contar con una defensa jurídica eficaz, a apelar una sentencia de condena y a que el proceso no se alargue excesivamente; a que el estado de las cárceles y la situación de las personas privadas de las libertad cumplan ciertos estándares, etc.

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Trabajo presentado en el SELA 2010, dedicado al tema de Inseguridad, democracia y derecho en Santiago de Chile como parte de la sesión sobre “The Limits of Criminal Law.”

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