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Article

Publication Date

2011

Abstract

Como es sabido, uno de los rasgos característicos de las constituciones latinoamericanas tras la tercera ola democratizadora es el reconocimiento del pluralismo cultural. La región ha dejado atrás lo que Raquel Yrigoyen llama el horizonte del “constitucionalismo liberal asimilacionista” propio del siglo XIX y el horizonte del “constitucionalismo social integracionista” propio del siglo XX y ha acogido textos desde los que se vislumbra el “constitucionalismo pluralista” propio del siglo XXI, marcado por el reconocimiento del variado trasfondo cultural de las poblaciones de nuestros países y por la voluntad de incorporar derechos y otras protecciones para los pueblos indígenas[1].

Estas previsiones constitucionales incluyen típicamente el derecho a usar y transmitir las lenguas históricas —las cuales, en ocasiones, son declaradas oficiales o cooficiales en parte del territorio estatal—. La Constitución de Bolivia, por ejemplo, declara oficiales 36 lenguas indígenas junto con el castellano y establece que los poderes públicos deben usar al menos dos de ellas —el castellano y otra que debe fijarse teniendo en cuenta una serie compleja de factores—[2]. La Constitución mexicana —por citar un texto que ocuparía un lugar mucho más modesto en el “continuo” del reconocimiento constitucional del multilingüismo— dispone que los pueblos y las comunidades indígenas tienen autonomía para “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad”[3] e insta a las autoridades federales y locales a que, en conjunción con ellos, incrementen los niveles de escolaridad “favoreciendo la educación bilingüe e intercultural”[4].

[1] Yrigoyen Fajardo 2011, pp. 1-3. Dentro del horizonte del constitucionalismo pluralista Yrigoyen distingue a su vez tres etapas: el ciclo del constitucionalismo multicultural (1982-1988), el ciclo del constitucionalismo pluricultural (1989-2005) y el ciclo del constitucionalismo plurinacional (2006-2009), definido por la aprobación de textos como la constitución de Ecuador (2008), la de Bolivia (2009) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2006-2007). Sobre la distintividad de la llegada de las cláusulas culturales a las constituciones la región véase también Irigoyen Fajardo 2006, Sieder 2002, Van Cott 2000 y Uprimny 2011.

[2] El artículo 5 de la Constitución de Bolivia establece: “I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano”.

[3] Artículo 2, apartado A, fracción IV de la Constitución federal mexicana.

[4] Artículo 2, apartado B, fracción II de la Constitución federal mexicana.

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Trabajo presentado en el SELA 2011 en San José, Costa Rica, como parte de la sesión sobre “El nuevo constitucionalismo latinoamericano”.

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