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Article

Publication Date

2011

Abstract

Durante algún tiempo, la judicialización de la entrega de tratamiento médico del VIH / SIDA nos ofreció cambiar el mundo. Entre 1996 y 2005 diversos activistas contra el SIDA, personas que viven con VIH y SIDA (PVVS) y organizaciones no gubernamentales utilizaron una gran variedad de procesos judiciales para obligar jurídicamente a los Estados a proporcionar medicamentos con el propósito de salvar vidas. En un millar de juicios de amparo de Brasil y en diversos casos presentados en jurisdicciones nacionales, regionales e internacionales, los tribunales y las legislaturas (muchos de ellos en América Latina) dieron voz a algo antes impensable: la implementación directa de un conjunto de derechos sociales y económicos.

Cómo y por qué este fenómeno se produjo es algo que vale la pena considerar, ya que influye en la pregunta de si el derecho a la salud –y los derechos afirmativos en general– son judicializables. Después de todo, el mayor éxito del tratamiento judicialmente exigido representa la entrega de soluciones inmediatas en un área “donde se acostumbra a hablar de derechos inalienables y a esperar décadas o siglos para verlos reivindicados”.[1] Sin embargo, salvo pocas excepciones, la multiplicación de respaldo jurídico para el tratamiento de VIH/SIDA no ha producido un cambio de paradigma con respecto a la judiciabilidad de los derechos sociales y económicos. Si bien la pandemia del VIH / SIDA ha servido de impulso tanto para el interés mundial como para la acción en materias de salud, “los esfuerzos para combatir el VIH / SIDA hasta la fecha han conseguido más recursos para enfrentar este problema, pero no siempre han tenido un impacto significativo sobre la salud pública en otras materias”.[2] Sin duda, algunos de los logros jurídicos del movimiento en favor de la entrega de tratamiento, principalmente en el ámbito del acceso a los medicamentos, han beneficiado a otras enfermedades susceptibles de intervenciones farmacológicas similares. Pero el éxito de los activistas del SIDA ha tenido un impacto insignificante en otras aplicaciones del derecho a la salud, y aún menor en la promoción o protección de los derechos a alimentación, agua potable, vivienda, educación, o un ingreso mínimo. En resumen, la revolución del SIDA se ha estancado.

[1] Paul Farmer, Pathologies of Power: Health, Human Rights and the New War on the Poor 232 (2005). La implementación de derechos económicos, sociales y culturales a menudo se concentra en soluciones no judiciales o dirigidas a un sistema constitucional en particular (por ejemplo, Sudáfrica). Véase también, Kristen Boon, The Role of Courts in Enforcing Social and Economic Rights, 39 Geo. Wash. Int’l L. Rev. 449, 458 (2007).

[2] Laurie Garrett, The Challenge of Global Health, 86 Foreign Aff. 14 (2007) (sosteniendo que en lugar de dirigir tanta atención al SIDA, la comunidad médica mundial debiera enfocarse en incrementar la sobrevivencia maternal y en incrementar la expectativa de vida en general).

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Trabajo presentado en el SELA 2011 en San José, Costa Rica, como parte de la sesión sobre “La innovación tecnológica y ordenamientos jurídicos”.

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